Los caminos públicos españoles siguen reculando ante el avance de la privatización ilegal, la interrupción del libre paso por ellos y el bloqueo arbitrario de estas vías que, por definición deberían tener garantizada su protección. También las vías pecuarias, que son los ancestrales itinerarios usados por los ganaderos para desplazar los animales, como el emblemático caso de la Mesta, se van viendo arrinconados por las presiones de propietarios particulares, empresas o normativas que favorecen a sectores muy específicos.
[–>[–>[–>La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) agrupa a numerosos colectivos de toda índole, ligados al campo y a la naturaleza, que lucha por el reconocimiento y protección de los caminos y vías pecuarias de España. La entidad, muy activa en la organización de actividades y acciones jurídicas ante las administraciones, reclama “acciones concretas y medios para garantizar el derecho al uso público de estas vías y espacios para múltiples actividades socioeconómicas del mundo rural, deportivas, de paseo y del derecho a disfrutar del medio natural, de forma que la mayoría de la ciudadanía no vea amenazados o vulnerados sus derechos por la actividad de una élite que atenta contra la seguridad y salud tanto física como psicológica del resto”. Se refieren, con esta última alusión, a la caza que a veces se realiza también en estos caminos y que, recientemente, provocó heridas por disparo en un atleta en Tomelloso (Ciudad Real).
[–> [–>[–>Marche contre le cierre des chemins publics en Estrémadure / PICP
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Las múltiples formas de matar un camino público
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Pero no solo es la caza la que amenaza estos caminos. También la construcción de los terrenos atravesados por estas vías, su transformación en carreteras, su desmantelamiento para ejecutar infraestructuras o el cierre deliberado mediante vallados son algunas de las acciones que van acabando con este patrimonio público y de raíces a veces ancestrales.
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Manuel Trujillo, directivo de la citada plataforma, destaca casos concretos, como el cierre de antiguas aldeas completas. Es lo sucedido en Valle de Manzanedo, en Burgos, donde la antigua aldea de Fuente Humorera ha visto cerrado su camino público, y lo mismo sucede con Villaescusa de Palositos, en Cuenca, que tiene cerrados sus caminos y vías pecuarias. Allí se realiza cada año una acción lúdico reivindicativa, la ruta de las flores, para recordar esta situación. También la Cañada Real Soriana, una de las grandes cañadas que atraviesan España, con 75 metros de ancho, está cerrada en el término de Hornachuelos (Córdoba) “con la total inacción de la Junta de Andalucía”. Los casos aparecen por doquier en toda España, señala la entidad.
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Chaque fois que plus de citoyens se déplacent pour défendre les chemins publics / PICP
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Caminos que ni tan solo están registrados
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El problema es que muchas veces las administraciones no tienen siquiera registrados los caminos públicos. Un estudio que está realizando la PICP demuestra que “cerca del 80% de los municipios en Andalucía no tienen inventario aprobado, y en áreas como Sierra Morena pueden estar cerrados el 75% de los caminos”, señala Trujillo. La Plataforma A Desalambrar (otra entidad que lucha por estas vías) organiza marchas mensuales desde 2001 para pedir que se abran estos caminos y vías pecuarias.
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En áreas como Sierra Morena pueden estar cerrados el 75% de los caminos »
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“Hay sobre todo dos tipos de caminos: las vías pecuarias, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, y los caminos municipales, que corresponde a los ayuntamientos. En el primer caso, está la ley de vías pecuarias de 1995 y en la mayoría de comunidades autónomas leyes propias, y en el caso de los caminos solo hay leyes específicas en Extremadura, Mallorca y Menorca, pero están cubiertos por las distintas leyes del patrimonio de las administraciones públicas o las leyes de régimen local. En todos los casos se garantiza que son elementos de dominio público, y que están protegidos ante usurpaciones y deben estar abiertos. El problema está en que en su mayoría no se hacen cumplir”, señala el directivo de la PICP.
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[–>Inacción de la Administración
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En el caso de las vías pecuarias, “el problema es la inacción de las comunidades en ejercer su capacidad de deslinde (decir exactamente dónde están) y recuperación (dejar el terreno de las vías pecuarias abierto). Se cuentan con los dedos las vías pecuarias que se han abierto por ejemplo en Andalucía”, añade.
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Camino cerrado por una verja / Agencias
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Sin embargo, peor es aún la situación de los caminos públicos. “La ley dice que todos los ayuntamientos deben tener su inventario de caminos, es decir, deben saber cuáles son sus caminos, cuál es su recorrido, y deben tenerlos transitables. Pero en la práctica la gran mayoría no lo tiene, es decir, los propios ayuntamientos no saben cuáles son sus caminos”, señala Manuel Trujillo.
[–>[–>[–>La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos reclama, ante esta situación, que simplemente “se pongan los medios para cumplir las leyes”. En el caso de los caminos, se considera urgente que se apruebe una ley nacional que facilite la colaboración entre administraciones para garantizar un catálogo de todos los caminos de España y también reabrir los ya cerrados. También piden que cada ayuntamiento elabore su propio catálogo, con ayuda de las diputaciones provinciales si es posible, y se impliquen en reabrir caminos ocupados.
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