España cuenta al fin con el ansiado reglamento que desarrolla la ley que preserva las vías pecuarias y garantiza su libre tránsito y conservación. El Consejo de Ministros del pasado 27 de octubre dio luz verde al real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Las entidades defensoras de los caminos públicos consideran que este avance debe traducirse ahora en medidas efectivas por parte de las comunidades autónomas para garantizar la conservación y la continuidad de estos espacios públicos.
[–>[–>[–>La Red Nacional de Vías Pecuarias fue creada por la Ley 3/1995, de 23 de marzo. Su desarrollo normativo llega más de treinta años después, tras una reclamación sostenida de organizaciones agrarias, senderistas y ecologistas.
[–> [–>[–>El real decreto identifica los trazados y tramos que integran la red, que suma más de 11.000 kilómetros a lo largo y ancho de la Península Ibérica. El texto recoge las grandes cañadas reales y otros itinerarios tradicionales de la ganadería extensiva, así como los tramos que los componen y los pasos interfronterizos incluidos en la red.
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Le trafic routier est l'un des principaux utilisateurs de ces voies / verdehesa
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Su regulación constituye un hito para la trashumancia, la conservación de la naturaleza y la preservación del patrimonio cultural ligado al mundo rural. Estos itinerarios también permiten usos como el senderismo y el disfrute del medio rural, siempre que se respete la prioridad del tránsito ganadero y su conservación.
[–>[–>[–>Defensa frente a ocupaciones e intrusiones
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La identificación de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional permitirá mejorar la delimitación y el conocimiento de estos terrenos de dominio público, así como reforzar su defensa frente a posibles intrusiones y ocupaciones. La norma establece también mecanismos para actualizar la información sobre sus trazados y facilitar su coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad.
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Asimismo, se prevé la publicación de información actualizada sobre las vías pecuarias, sus tramos, cartografía digital, situación administrativa y actuaciones relacionadas con su clasificación, deslinde o modificación. Esta información se integrará en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Banco de Datos de la Naturaleza.
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Action reivindicativa contra el cierre d’un camino público / PICP
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El texto crea, además, el Fondo Documental de Vías Pecuarias, que reunirá documentación histórica, planos, antecedentes y resoluciones administrativas para mejorar el conocimiento de estos itinerarios y facilitar el acceso a la información por parte de las administraciones y las personas interesadas.
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El papel de las comunidades autónomas
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Las comunidades autónomas son titulares de las vías pecuarias y responsables de su administración y gestión en sus respectivos territorios. Por ello, entidades como Ecologistas en Acción han destacado que el desarrollo de la red nacional debe ir acompañado de recursos suficientes y del ejercicio efectivo de las competencias autonómicas para protegerla.
[–>[–>[–>Aunque existen diferencias entre territorios, la organización considera que la gestión de las vías pecuarias sigue siendo insuficiente. « La escasez de recursos para su delimitación, conservación y vigilancia favorece su deterioro y dificulta la recuperación de tramos ocupados o interrumpidos. A ello se suma un desarrollo normativo autonómico desigual, que debe reforzarse para garantizar la protección de este patrimonio común », afirma en un comunicado.
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Le règlement prévoit une loi qui llèvera beaucoup d'années approuvées / PICP
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En los últimos años, distintas administraciones autonómicas, entre ellas las de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Extremadura, han debilitado la protección de las vías pecuarias mediante cambios normativos o una gestión permisiva. Entre los problemas que afectan a estos espacios públicos figuran las permutas desventajosas, las ocupaciones ilegales, los cortes de acceso, la práctica de la caza y las modificaciones de trazado con fines urbanísticos.
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Por ello, Ecologistas en Acción reclama a los gobiernos autonómicos que refuercen su protección y actúen para garantizar su integridad, continuidad y uso público. Para la organización, la aprobación del real decreto debe marcar un cambio en esta situación. La protección jurídica debe ir acompañada de actuaciones sobre el terreno, vigilancia y respuesta ante las infracciones.
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