Derribo Valdecañas | El Consucional Confirma El Total Derribo del Desastre Ecológico de Valdecañas, en extrémité

Nuevo, y quizá definitivo, varapalo legal contra el desastre medioambiental de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Junta de Extremadura contra la anterior decisión del Tribunal Supremo de demoler el macrocomplejo turístico ilegal Marina Isla de Valdecañas, lo que da vía libre judicial a su derribo.

El tribunal de garantías ha informado de que el pleno ha desestimado, por unanimidad de sus miembros, el recurso del Gobierno extremeño contra la orden de demolición, que el Constitucional había suspendido cautelarmente en junio de 2023 a la espera de resolver sobre el fondo de la cuestión.

Sin embargo, todavía quedan pendientes dos recursos que pueden frenar o retrasar la demolición, como el presentado por las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Antes y después de la ejecución de las obras / Ecologistas en Acción

Isla de Valdecañas es un complejo turístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas.

Construido en una zona protegida

El Supremo acordó en febrero de 2022 la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), donde nada de ello está permitido.

De esta forma, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de julio de 2020, que había declarado la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.

El TSJ de Extremadura había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento, al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones. Nada de esto ha sido aceptado por las resoluciones judiciales de instancias superiores.

Ecologistas en Acción pide su demolición inmediata

Ecologistas en Acción, que ha participado en una batalla judicial que dura casi dos décadas, ha asegurado en una nota de prensa que ya «no quedan excusas para retrasar la demolición» de la urbanización y ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla la ley y derribe «una urbanización que nunca se debió construir».

Apartamentos constuidos en la isla / Google Maps

Para la organización ecologista, Valdecañas «es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental» en España, con leyes aprobadas «a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales», por lo que se felicitan por esta sentencia y solicitan a la Junta de Extremadura que pida disculpas «por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto».

El PSOE extremeño sigue defendiendo la urbanización

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista en Extremadura considera que existe « un amplio consenso social y político sobre la importancia de evitar el derribo » del complejo Marina Isla de Valdecañas, y confía en que las próximas resoluciones judiciales tengan en cuenta la modificación de la zona ZEPA que este partido impulsó cuando gobernaba, en un intento de evitar el derribo.

“Salvo Ecologistas en Acción, hay unanimidad en que el derribo supondría un desastre económico para la zona. La convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente es posible, y ese ha sido siempre el compromiso del Partido Socialista”, ha subrayado Piedad Álvarez, portavoz del grupo parlamentario.

La socialista ha reconocido que la resolución “no es favorable, qué duda cabe”, pero ha insistido en que “queda esperanza y queda mucho recorrido todavía en este proceso, un proceso muy largo que se inició hace tiempo con un objetivo fundamental, garantizar que la convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente sea posible y sostenible”.

Álvarez ha recordado que, en esta línea, el PSOE impulsó la modificación Ley Zepa en marzo de 2023, “una reforma aprobada pese a la oposición del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura”.