Las organizaciones de la industria y distribución de bebidas han presentado esta semana la Asociación SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) para España, pero han pedido al Gobierno que modifique los plazos para poner en marcha este nuevo sistema de recogida a nivel nacional, debido a su « especial complejidad ».
El SDDR, a diferencia de los contenedores amarillos, prevé la devolución del envase en la misma tienda donde se han comprado, de modo que la reutilización de botellas o latas está garantizada, cosa que no sucede con el actual sistema de reciclaje.
El Gobierno anunció su intención de dar luz verde a este sistema que pretende ayudar en el reciclaje de botellas de plástico de un solo uso, después de conocer un informe que indica que en 2023 solo se recogió el 41,3 % de estos envases, pese a que la Ley de Residuos contemplaba un porcentaje del 70 %. Ecoembes, entidad encargada de la recuperación de residuos en contenedores amarillos y azules, afirmaba haber llegado al 73,4 %.
El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), José María Bonmatí, ha explicado que « es imposible » poner en marcha el nuevo sistema SDDR en un año, como requiere la norma aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
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« En ningún país se ha hecho en un plazo (tan breve) como este », ha advertido, sobre todo teniendo en cuenta que España es « uno de los países más grandes de Europa » y que cuenta con cerca de 500.000 establecimientos, entre comercios y canal HORECA –hoteles, restaurantes y cafeterías– que deben incorporarse al sistema.
« Falta de información »
Bonmatí ha lamentado además la « inseguridad jurídica que se ha creado para las empresas », que aún no cuentan con toda la información necesaria para organizar el nuevo modelo de reciclaje de envases. Ha asegurado que esperan « la adecuación del decreto » por parte del MITECO.
El diseño del sistema, la instalación de la infraestructura y las pruebas técnicas son los tres puntos que se deben cumplir para poder ejecutar el SDDR, ha explicado a EFE la directora de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Beatriz Blasco. Todo ello requiere « más tiempo del establecido por la Administración ».
Además, « todavía no contamos con un presupuesto establecido ni con una metodología de ejecución », porque la asociación es reciente, las empresas siguen sumándose a la misma y existe una petición generalizada para garantizar su sostenibilidad económica, ha añadido Blasco.
Esta fórmula de reciclaje ya funciona en otros países europeos, pero para aplicarla en España es necesario tener en cuenta « la gran extensión de territorio, el número de habitantes, el turismo y la ruralidad », factores que demandan « un mayor número de puntos de retorno y una estructura de distribución sólida para que pueda funcionar correctamente ».
Participación ciudadana
Además, requiere la participación ciudadana, « sin la cual no puede llevarse a cabo con éxito », y hay que tener en cuenta que solo el turismo mueve a 94 millones de personas anualmente en el país.
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Bonmatí ha añadido que « es posible aprender de otros modelos europeos, pero en el caso de España debe ser específico », ya que « obligará a realizar agrupaciones y colaborar con los ayuntamientos », más allá de los centros urbanos.
Hasta ahora, España ha aplicado el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, una fórmula que permite a fabricantes e importadores organizarse para este reciclaje a partir de lo recogido en los contenedores.
Ecoembes, que agrupa a más de 16.000 empresas envasadoras y comercios, es la entidad responsable de gestionar los fondos aportados por las empresas para el reciclaje, pero sus datos no coinciden con los del estudio del MITECO, y por ello ha solicitado aclarar la fórmula de medición de los residuos.
Diferencias de cálculo y recogida
Ecoembes afirma que la diferencia se debe a que el cálculo del Ministerio no incorpora « las cantidades recogidas en zonas de alta afluencia », que según sus estimaciones representan más del 40 % del total de las botellas recogidas selectivamente en 2022 y 2023.
Desde el sector, insisten en la necesidad de adaptar el calendario legal para que el SDDR pueda implementarse con eficacia, realismo y garantías jurídicas para los agentes implicados.
