Movilización popular en Europa contra los recortes ambientales introducidos en los últimos años (o previstos para los próximos) en numerosas normativas de la UE. Un total de 1.254.722 personas han respaldado con su firma la campaña #HandsOffNature para exigir a la Unión Europea que mantenga sus leyes de protección ambiental ante las reformas normativas impulsadas por Bruselas para “simplificar” los procedimientos administrativos y mejorar la competitividad. Las ONG ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, son algunas de las entidades promotoras. Las firmas han sido ya entregadas a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en Bruselas.
[–>[–>[–>Estas organizaciones consideran especialmente preocupante que la Comisión Europea esté promoviendo modificaciones de la legislación ambiental precisamente cuando más daño está sufriendo la biodiversidad y más se acusan los efectos de la crisis climática. A su juicio, la simplificación administrativa no debe utilizarse para reducir las garantías de protección de la naturaleza.
[–> [–>[–>Uno de los principales motivos de preocupación es el denominado Ómnibus ambiental, que contempla medidas para agilizar las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos considerados estratégicos. Las ONG advierten de que algunas disposiciones podrían reducir el análisis de sus consecuencias sobre los ecosistemas y limitar la participación pública.
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L'utilisation des pesticides, un des objets polémiques dans l'UE / Shutterstock
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También alertan de que estas modificaciones pueden incluir excepciones a las normas de protección de especies y hábitats, lo que, según sostienen, supondría un retroceso en las garantías ahora establecidas por la legislación europea.
[–>[–>[–>Otra de las iniciativas cuestionadas es el Ómnibus sobre alimentación y piensos, que plantea cambios en la regulación de productos fitosanitarios, como pesticidas, flexibilizando los requisitos para su aprobación y uso.
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Las entidades advierten de que reducir la frecuencia de las evaluaciones obligatorias de estos compuestos podría aumentar sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.
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[–>La Directiva del Agua, también
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También la Directiva del Agua está en el punto de mira de la UE, al objeto de permitir mayores niveles de contaminación en ríos y lagos para facilitar la implantación de industrias mineras, ante la necesidad de la UE de asegurarse de minerales críticos para la transición ecológica.
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Los firmantes recuerdan que las evaluaciones ambientales permiten identificar riesgos, prevenir daños y mejorar los proyectos antes de su autorización. Además, destacan que su correcta aplicación proporciona seguridad jurídica tanto a las administraciones públicas como a las empresas.
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Image du parc national d'Ordesa (Huesca), l'un des plus importants d'Espagne / Pixabay
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Aunque reconocen la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y facilitar inversiones compatibles con los objetivos ambientales europeos, defienden que estas mejoras deben alcanzarse mediante una planificación más eficaz, una mayor coordinación institucional y administraciones dotadas de suficientes recursos humanos y técnicos.
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“Desregulación sin precedentes en la UE”
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La directora de ClientEarth España y Mediterráneo, Soledad Gallego, ha señalado que simplificar los trámites no puede implicar la eliminación de garantías jurídicas que protegen la naturaleza y la salud. En su opinión, debilitar estas normas no aumentará la competitividad europea, sino que hará al continente más vulnerable.
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Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha calificado el proceso de intento de “desregulación ambiental de una magnitud sin precedentes” en la historia de la UE.
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Oberhuber ha cuestionado que las evaluaciones de impacto, la protección de especies o la participación ciudadana puedan considerarse obstáculos administrativos innecesarios. Según ha defendido, una administración más rápida no tiene por qué ofrecer menos protección ambiental, ya que estas garantías permiten prevenir daños y asegurar que las decisiones públicas respondan al interés general.
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Biodiversidad y competitividad económica
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La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado que el respaldo ciudadano a la campaña refleja el rechazo a la devaluación de las normas que protegen el patrimonio natural europeo.
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Ruiz ha advertido de que numerosas especies y hábitats continúan deteriorándose y de que las leyes ambientales existentes todavía no se aplican adecuadamente. Por ello, considera que la respuesta debe centrarse en mejorar su cumplimiento y proporcionar los recursos necesarios, en lugar de reducir sus exigencias.
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La réforme de la Directiva del Agua préoccupe également les entités conservatrices / Pinterest
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Desde WWF España, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha cuestionado que desde Bruselas se presente la protección ambiental como una carga para la economía.
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Según ha explicado, la competitividad europea depende también de la conservación de ríos, suelos fértiles, bosques y ecosistemas capaces de responder a los efectos del cambio climático.
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Del Olmo ha advertido de que flexibilizar las normas puede facilitar determinadas actividades económicas a corto plazo, pero también trasladar costes ambientales y sociales al conjunto de la población.
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Las cuatro entidades coinciden en que mejorar la eficacia administrativa es compatible con mantener las garantías ambientales. Por ello, reclaman que cualquier modificación normativa preserve la protección de la naturaleza, la salud pública y el derecho de participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar al medioambiente.
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