El mosso d’esquadra que realizó la investigación sobre las presuntas irregularidades en la autorización ambiental a la cementera Lafarge (actualmente en manos de Holcim) de Montcada i Reixac ha apuntado este miércoles directamente al exalto cargo del Departament de Territori de la Generalitat, Emili Dragone, que está siendo juzgado por un delito contra el medio ambiente, como la persona responsable de la tramitación de ese requisito en 2015, en la que se hizo caso omiso de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había anulado una autorización aprobada anteriormente, en 2008. «Es él quien decidía la tramitación y si se publicaba o no la declaración de impacto ambiental (DIA) y si se aprobaba o no », ha asegurado el agente en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona. La DIA es un informe que evalúa los posibles efectos ambientales de un proyecto y es un paso previo a la autorización ambiental que autoriza la actividad.
[–>[–>[–>El fiscal Víctor Castells reclama en su escrito de acusación dos años de prisión para Dragone, jefe de servicio de prevención y evaluación ambiental y exsecretario de la Ponencia Ambiental, además de una multa de 6.480 euros y diez años de inhabilitación por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La acusación particular, ejercida en nombre de la Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan y representada por el abogado Albert Calduch, solicita seis años de prisión (tres por cada uno de los delitos contra el medio ambiente que le atribuye), además de una multa.
[–> [–>[–>La fiscalía sostiene que el exalto cargo acusado avaló «una autorización ambiental ilícita» y omitió «la aplicación de la normativa vigente» en 2015, tanto europea como estatal, lo que derivó en una resolución administrativa sin validez legal. En este sentido, recalca que la DIA incluida en el expediente era «totalmente obsoleta», pues había sido aprobada en 2008 y elaborada dos años antes, en 2006. El TSJC anuló en 2013 esa autorización de 2008, al comprobar que la DIA no se había publicado ni sometido a información pública, lo que impidió a los vecinos y a las entidades presentar alegaciones.
[–>[–>[–>
El mosso que investigó el caso y cuyo informe sirvió a la Fiscalía de Barcelona para presentar su denuncia ha responsabilizado a Dragone de todas esas decisiones. «Es él quien firma las respuestas a las alegaciones. Es él quien revisa y da el visto bueno», ha subrayado el agente. Una y otra vez ha repetido: «Es él quien decide; es el jefe. No hay nadie más en su departamento con esa capacidad; la decisión es suya», apuntalando la acusación del fiscal. Además, ha relatado que el acusado mantuvo en 2015 la DIA de 2008, anulada por la Justicia, sin tener en cuenta que durante esos años se había modificado la normativa medioambiental. En este sentido, el fiscal atribuye al exalto cargo haber resuelto a favor de una concesión «a sabiendas de su injusticia». El acusado, según la fiscalía, debería haber iniciado un nuevo procedimiento administrativo y la elaboración de una DIA actualizada.
[–>[–>[–>La calidad del aire
[–>[–>[–>
El agente ha explicado que en 2008 «la calidad del aire» alrededor de la cementera de Montcada «estaba bastante mal» y que en esas fechas se superaban algunos días los límites de partículas contaminantes. La fiscalía, sin embargo, argumenta que no se incumplía entonces la normativa vigente (la acusación particular, sí). A pesar de ello, el ministerio público considera que, después de esa autorización ambiental de 2008, Dragone «promovió» entre 2009 y 2015 modificaciones no sustanciales de la misma que se incorporaron «directamente» a la nueva autorización de 2015. Entre los cambios aprobados en ese periodo se hallan, por ejemplo, la modificación de la actividad de fabricación de cemento o la sustitución de parte del combustible fósil utilizado (coque de petróleo) por combustibles derivados de residuos (CDR), hasta 30.000 toneladas al año. «No se podían quemar residuos» porque las partículas contaminantes eran «altas», ha añadido el mosso. Este testigo ha sido taxativo: «La autorización de 2008 y la de 2015 son idénticas».
[–>[–>[–>
Una exdirectora general ha ratificado que Dragone era quien preparaba la base para la aprobación de la autorización ambiental por parte de la denominada Ponencia Ambiental de la Generalitat, un órgano administrativo colegiado que desempeña un papel fundamental en el otorgamiento de este aval, en el sentido de garantizar que sea correcto y conforme a las disposiciones legales vigentes en ese momento. «Cuando hay nuevas normativas se deben revisar todas las autorizaciones administrativas otorgadas», ha asegurado. La exjefa de la asesoría jurídica del área de Medio Ambiente ha declarado que la sentencia del TSJC suponía una «anulación parcial» de la autorización de 2008 y ha añadido que era de «muy difícil comprensión», lo que provocó «una situación un poco surrealista».
[–>[–>[–>
Abonnez-vous pour suivre le cours
