El año 2024 terminó con once personas muertas (diez de ellos cazadores) por disparos accidentales por la caza, a los cuales se suman 19 personas heridas, según el recuento realizado por Colectivos contra la Caza.
En esta recopilación no se han incluido los muertos o heridos por armas de caza que no estén dentro de la actividad cinegética, delitos realizados con armas de caza, asesinatos de violencia de género realizados con este tipo de armas, o los muertos y heridos resultantes de accidentes de tráfico con animales, que huyen o se usan en batidas de caza (jabalíes, ciervos, corzos, perros).
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más muertos ha registrado (4 muertos y 3 heridos) seguida de Andalucía (3 muertos y 1 herido).
Colectivos contra la Caza destaca que con respecto al año anterior « hay un significativo descenso de personas heridas ajenas a la actividad cinegética, pero aumentan los ataques a personas por perros de caza ».
Asimismo, ha criticado la « falta de estudios y datos oficiales sobre los muertos, heridos y accidentes vinculados a la actividad cinegética y la carencia de rigor en los datos que difunde el Gobierno ».
En total, han fallecido por la caza tres personas en Andalucía (Granada, Jaén y Córdoba); una en Asturias (Cabrales); cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real); una en Castilla y León (Burgos); una en Extremadura (Badajoz); y una en Madrid (Guadalix de la Sierra).
Piden « medidas urgentes »
Colectivos contra la Caza considera que el Gobierno y en especial el Ministerio del Interior, « directo responsable » de la regulación de la tenencia de armas en España, « deberían tomar medidas urgentes » para la seguridad de los 47 millones de españoles que salen al campo a disfrutar de la naturaleza, « sin temer » por sus vidas, « sin temer ser alcanzado por una bala o ser atacado por una jauría de perros de caza ».
[–>
Entre las medidas que solicitan, resaltan un estudio y estadísticas de accidentes provocados por cazadores; considerar los accidentes de tráfico provocados por animales, durante y tras jornadas cinegéticas, como accidentes provocados por los cazadores y gestores de cotos; controles de alcoholemia y estupefacientes periódicos en los cotos de caza; exámenes psicotécnicos más restrictivos y periódicos; limitar la edad para cazar tanto a menores de edad como a mayores de 70 años; o la prohibición de la enseñanza de uso de armas de fuego a menores de edad.