Importante resolución judicial para restablecer el libre tránsito de caminos públicos ilegalmente ocupados, cerrados o cortados. El Tribunal Supremo ha determinado que es obligación de la administración autonómica recuperar las vías pecuarias usurpadas, ocupadas o cerradas ilegalmente, en una sentencia que abre la vía para que miles de caminos vuelvan a ser patrimonio público.
[–>[–>[–>La sentencia emitida por el Tribunal Supremo da la razón a un recurso presentado por la asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción en Rota (Cádiz) en su lucha por la recuperación de terrenos usurpados por los agricultores en la Colada de los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo.
[–> [–>[–>Es «una obligación» de la administración
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«Llevábamos años presentando escritos para que la Junta cumpliera su obligación y recuperara superficie pública que tenía reconocido el deslinde desde el año 2005 o 2006, pero seguía ocupada ilegalmente. No se hacía nada, sólo nos quedó recurrir a la vía judicial», ha explicado a Efe Juan García, miembro de esta asociación.
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En el caso de la Colada de Cebollares la vía pecuaria tiene una anchura de 37,5 metros, y la ocupación ha dejado únicamente hábil un carril por el que apenas cabe un tractor.
[–>[–>[–>Ya con anterioridad, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz les dio la razón, a través de una sentencia que, tras los recursos de la Junta, fue confirmada primero por el TSJA y este mes de octubre por el Supremo, lo que crea jurisprudencia para otros caminos públicos que sufran estas ocupaciones en todo el país.
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La sentence est applicable à de nombreux cas de toute l'Espagne, elle peut créer une jurisprudence / Asedeca
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El fallo judicial que condenó a la Junta a «iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de recuperación de oficio» de este patrimonio público conlleva que esto es «una obligación» de la administración competente y no «una facultad discrecional», por lo que no hacerlo es «un incumplimiento de normas legales» que «es revisable por la jurisdicción».
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[–>Además señala que la administración no puede «justificar la ausencia de respuesta» a este deber porque requiera «medios técnicos y materiales».
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La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente asegura que ha iniciado 67 procedimientos administrativos en las coladas de Rota y se han dictado ya 60 resoluciones. «La Junta de Andalucía no ha permanecido a la espera de una resolución judicial, sino que ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación de estas vías pecuarias», indican fuentes de este departamento.
[–>[–>[–>Una victoria para millones de senderistas
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La sentencia da un espaldarazo a las reivindicaciones de caminos públicos en la que los ecologistas se han empleado desde hace años, como explica a Efe Manolo Trujillo, miembro de la asociación A Desalambrar de Córdoba y de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, que engloba a una treintena de entidades de toda España. El Gobierno, precisamente, ha aprobado un real decreto que regula este tipo de vías.
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«Cuánta superficie está ocupada no lo sabemos. Hay casos constatados desde hace siglos, pero se han intensificado en los últimos 20 años. Hay en toda España, pero son más abundantes en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía», explica.
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El Supremo «abre la puerta» a que se recuperen esos espacios cuando se ha reconocido el deslinde.
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Les chemins publics sont libres de transport et ne peuvent pas être coupés / PICP
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Sólo Andalucía, la comunidad con una red más extensa de vías pecuarias, tiene 32.772 kilómetros, unos espacios que pueden tener anchuras de entre los 20 metros de las veredas, a los 75 metros de las cañadas.
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Aunque su uso original para la trashumancia del ganado se haya ido perdiendo, los ecologistas ponen un valor que conforman vías de comunicación entre fincas y pueblos que han sido a veces cortadas por los usurpadores y que forman una espacio rico para la biodiversidad.
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Un estudio publicado por el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, destaca que, además, este patrimonio es una fuente de creciente revalorización económica y social por la emergencia del turismo rural y de actividades como el senderismo y la bicicleta de montaña y recoge el dato de que en España realizan senderismo en torno a 7,5 millones de personas.
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Malas artes
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La reivindicación por recuperar estos caminos, ocupados o cortados por la agricultura, las fincas de caza mayor y en algunos casos particulares por casas, no ha sido fácil porque se han usado «malas artes».
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El caso más extremo lo sufrió el ecologista de Cádiz Juan Clavero. En agosto de 2017, cuando participaba en una manifestación en defensa de un camino público que había sido cortado por una sociedad propietaria de una finca en el Parque Natural Sierra de Grazalema, fue detenido por narcotráfico.
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Un apoderado de la sociedad encargó a un hombre que ese día metiera una bolsa con 47 gramos de cocaína en su coche, según reconoció la sentencia que les condenó a un año de cárcel a cada uno.
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